Sueldos y políticos

El alcalde de Mollet se sube el sueldo entre las protestas de los indignados

El alcalde ‘popular’ de Peñafiel (Valladolid) se sube un 100% el sueldo nada más llegar al cargo

 El alcalde de Cájar se sube el sueldo un 12%

Y así un largo etc. Y es la pregunta, puesto que discutir acerca de si es ético, moralmente asumible que hayan políticos que en plena crisis, sean tan desvergonzados de subirse los sueldos mientras al cuerpo de funcionarios se les reduce, se congelan pensiones y más de un millón de hogares están con todos sus miembros en paro, sobra.
La cuestión entonces es qué hay que hacer ante tanto despropósito, cómo hacerlo y cuándo.
No existe una Ley de Retribuciones de cargos políticos. O sea que reglamentariamente y bajo su potestad cada órgano, regula las retribuciones de sus miembros. Así los parlamentos autonómicos, el Congreso, el Senado, los alcaldes y concejales, etc fijan sus propios salarios por acuerdo.
La primera consecuencia de esto es la gran heterogeneidad y desproporcionalidad, entre lo que cobran unos y otros dentro del mismo cargo y/o función.
El descontrol en este sentido está a la orden del día. 
Se hace por tanto necesaria una LEY DE RETRIBUCIONES DE CARGOS POLITICOS, que equiparase los sueldos a la de los FUNCIONARIOS, que alguna que otra variación según los casos. Así por ejemplo se debería marcar una jerarquía que equiparase los sueldos desde el jefe del Estado, seguido del Presidente del Gobierno, quien cobraría igual que los Presidentes del Poder Judicial y del Congreso y del Senado. A partir de aquí los ministros y Presidentes Autonómicos, y así sucesivamente.
Pero aún más se debe de regular los cargos de confianza en cuanto a número y sueldos, las dietas se deberían regular y complementar con agencia de viajes. O sea en la medida de lo posible otorgar la posibilidad de que el representante público pueda optar a que se le otorge el billete y una estancia en hotel en régimen establecido. La potenciación de reuniones de trabajo "virtuales".
Bigas menciona muy bien en su Blogg lo siguiente:

El tema de las asignaciones fijas (parece) en concepto de gastos de representación o de libre disposición, me parece mucho más discutible. Está claro que el Presidente del Congreso (o, incluso, el Presidente de alguna de las Comisiones) debe incurrir en determinados gastos que son propiamente de representación de la institución. En cualquier compañía que no sea propiedad de su máximo directivo (cualquier Sociedad Anónima debe dar cuenta de todo a sus accionistas, por ejemplo; y todo el aparato del Estado nos pertenece a todos los ciudadanos) se establecen criterios de autorización de gastos que pasan por una Dirección Financiera que debe autorizar (o denegar) la propuesta de gastos que realice el propio Director General. Algo así, mucho menos discrecional de lo que parece hoy en día, debería ponerse en marcha en el entorno público.

 Ránking de sueldos de Alcaldes 2011